Declaración del Consejo Mundial de Iglesias sobre
las situaciones preocupantes que se viven en la región de América Latina
América Latina vive un periodo de
excepcionales crisis simultáneas. Brasil
es uno de los países cuya situación nos preocupa, pues enfrenta una compleja
crisis de polarización política y social, que afecta al estado de derecho, a
los derechos humanos y a la protección del medio ambiente, a la vez que reduce
el espacio de la sociedad civil. Mientras, en Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina ha
habido protestas masivas y crisis políticas que han afectado a sus gobiernos,
economías y sociedades. En algunos casos, como en Chile, Bolivia,
Venezuela, Nicaragua y Colombia, las protestas populares han desembocado en
enfrentamientos violentos y muertes.
El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de
Iglesias (CMI), reunido en Bossey (Suiza), del 20 al 26 de noviembre de 2019:
Expresa su profunda
preocupación y alarma ante la concurrencia de tales niveles de agitación en
tantos puntos de la región latinoamericana, que afecta a sociedades e iglesias
en toda la región.
Destaca los efectos y consecuencias para las
comunidades pobres y vulnerables, especialmente para los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como
para el estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y la protección
del medio ambiente, en una región que posee algunos de los mayores depósitos de
biodiversidad que aún se conservan en el planeta.
Insta a los gobiernos y
dirigentes políticos de América Latina a que:
a) apoyen y refuercen las instituciones de la democracia y del estado de
derecho, y protejan el espacio político para la
sociedad civil;
b) escuchen las voces del pueblo, tomen en serio sus reivindicaciones,
protejan sus derechos y su seguridad, y promuevan su bienestar social y económico;
c) hagan frente a los altos niveles de desigualdad patentes en muchos puntos
de la región, promuevan la inclusión social y
económica, y garanticen una redistribución justa y equitativa de la riqueza,
mediante disposiciones fiscales progresivas y protección social;
d) tomen medidas urgentes contra los altos niveles de violencia en la sociedad, especialmente la violencia armada y la
violencia sexual y de género;
e) se comprometan a dar prioridad a la protección del medio ambiente y de la
biodiversidad, y también de la seguridad y de los
derechos de los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas; y a
tomar medidas contundentes para fomentar la adaptación y la resiliencia ante el
cambio climático y para mitigarlo;
f) aborden los asuntos relacionados con el desplazamiento y la migración, uno de los problemas más desatendidos y
abrumadores que enfrentan millones de personas en la región, de manera que se
atienda a las causas fundamentales del desplazamiento y se garantice el respeto
de los derechos humanos y de la dignidad de todos los migrantes y desplazados.
Expresa especial inquietud por la polarización de
las sociedades, comunidades e iglesias de la región, que no deja espacio para el diálogo constructivo,
basado en los principios éticos y morales fundamentales de justicia, dignidad
humana y cuidado de la creación.
Reitera el compromiso del CMI y de sus iglesias
miembros en otras regiones de acompañar a las iglesias de América Latina en sus
esfuerzos por la justicia y la paz en circunstancias tan complejas y
desafiantes.
Se compromete a intensificar la colaboración con los
asociados ecuménicos, en particular con la Iglesia Católica Romana y con ACT
Alianza, para apoyar la labor de las iglesias de la región en pro de la
justicia y la paz.
Solicita al secretario general del CMI que estudie
la viabilidad de establecer en la región un Observatorio Ecuménico para los
Derechos Humanos y la Democracia, en cooperación con la sociedad civil, los
gobiernos y los asociados intergubernamentales.
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